Los colegios de Aparejadores y Arquitectos, junto con CAC-Asprocon, piden revocar la regulación provisional del Camino de Santiago

Los colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado y el Colegio de Arquitectos de Asturias, junto con la Confederación Asturiana de la Construcción, CAC-Asprocon, han presentado un Recurso de Reposición frente a la Resolución de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, de 28 de enero, en la que se fija y delimita el Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Principado, y se determina su entorno de protección provisional (Ruta del Interior y Ruta dela Costa).

En el recurso, las tres organizaciones dejan claro que no rechazan el establecimiento de un régimen de protección para el Camino, trazado que valoran desde un punto de vista cultural y social, pero también económico, y sobre el que entienden existe un “sobreproteccionismo desaforado”. Ello, unido a un “ineficiencia administrativa” -con demoras de más de un año en los informes de la Consejería de Cultura-, “ocasiona distorsiones económicas y la pérdida de inversiones no sólo significativas desde el punto de vista económico sino decisivas para la fijación de población en el mundo rural”.

La regulación del trazado en Asturias se estableció en el Decreto 63/2006, de 22 de junio, que determina un entorno de protección provisional del Camino de Santiago, constituido por una banda de treinta metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas a la parcela inmediatamente colindante con cada uno de los dos lados de la vía histórica.

El Decreto remite a un futuro Plan Especial la regulación de la protección de los trayectos asturianos del Camino. Será en ese instrumento de ordenación urbanística en el que definitivamente se regulen las servidumbres y afecciones vinculadas a todos los tramos o trazados que discurren por la región. Hasta que se apruebe el citado Plan Especial, no existe delimitada una servidumbre de protección, sino una franja de afección de 30 metros.

Con la resolución aprobada en enero, empresarios, aperejadores y arquitectos consideran que “lo que hace la Consejería es mantener esa provisionalidad, es decir, esa incertidumbre y esa inseguridad jurídica, pero consolidando esa afección mínima de 30 metros”.

De esta forma, señalan en sus alegaciones, “quedan afectados todos los proyectos de edificación o de urbanización que se pretendan desarrollar dentro de esa delimitación, las cuales no se prohíben, pero sí deben solicitar autorización (Licencia) al Ayuntamiento correspondiente, el cual podrá solicitar que por la Consejería de Cultura, a través del Consejo del Patrimonio Cultural, se emita Dictamen al respecto, debiendo esos proyectos “….ajustarse a una calidad de diseño adecuada a su naturaleza cultural”, concepto que por su indeterminación jurídica es fuente de arbitrariedades y, en consecuencia, genera de una inseguridad jurídica permanente, muy alejada dela certeza que exigen las inversiones”.

Por ello, solicitan que “se proceda a la revocación de la Resolución dictada, de forma que se atiendan y valoren las alegaciones y observaciones de todos los agentes afectados, evitando una sobreprotección absolutamente innecesaria, que va a ocasionar daños económicos directos, la depreciación y el abandono de las construcciones afectas, con los consiguientes costes para los ayuntamientos, y el efecto que va a provocar lo va a hacer, fundamentalmente en los núcleos rurales, que son los ámbitos más sensibles a la despoblación y más necesita de incentivos económicos para fijar población”.

Las tres organizaciones piden comenzar ya la tramitación y aprobación de un Plan Especial de Protección o un Plan Especial Territorial que regule definitivamente esta materia, aporte seguridad jurídica, y evite delimitaciones de entornos del Camino con una protección desproporcionada, “máxime en localizaciones en las que no exista ningún valor ambiental o cultural merecedor de protección (BIC, Inventario Patrimonio Cultural o Catálogo Urbanístico), de forma que no se pongan trabas a la ejecución de inversiones de gran importancia para todos los municipios por los que discurre el Camino de Santiago por nuestra región.

En el recurso se destaca que la superficie de afección (protección provisional) establecida para el trazado del Camino de Santiago en Asturias -unos 570 kilómetros- es 10 metros superior al fijado para la red de carreteras locales del principado, cuando, en el caso del Camino se trata de un trazado que discurre en la práctica totalidad de su recorrido por sendas no urbanizadas, con lo que esa zona de afección del Camino deberá ser inferior al establecido para una carretera o vial urbanizado y asfaltado por el que circulan vehículos a motor.

Se sugiere que sea el Ayuntamiento en su correspondiente PGOU/NNSS el que resuelva y dé solución a estas afecciones, disponiendo la Consejería responsable de Cultura de los correspondientes plazos de información pública durante la tramitación del mismo para hacer las observaciones o emitir los Informes que resulten preceptivos. Esto permitiría una máxima agilidad en los trámites de materialización del PGOU/NNSS (al menos en suelo urbano) al concentrarse en una sola Administración la resolución de las licencias de obra.

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