El 23 de octubre de 2026 entró en vigor la Ley 4/2026 que modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (aprobado por el RDL 1/2013) y la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La nueva norma refuerza el derecho a la accesibilidad universal e introduce modificaciones que afectan directamente a la edificación, especialmente a las obras de accesibilidad en comunidades de propietarios, su obligatoriedad y financiación.

1. Obras de accesibilidad en comunidades de propietarios

La disposición final primera modifica el artículo 10.1.b) de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal relativo a las obras y actuaciones obligatorias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal, incluidos los ajustes razonables y las actuaciones requeridas por propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.

Entre las principales novedades destacan:

• Límite económico de doce mensualidades: se mantiene la obligatoriedad de las obras cuando el importe repercutido anualmente, descontadas las ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

• Financiación de las actuaciones: cuando la comunidad solicite financiación para ejecutar las obras, el periodo de repercusión económica se extenderá tantos años como permitan las opciones de financiación disponibles.

• Obligación de solicitar subvenciones: El interesado que inste la realización de las obras podrá aportar información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones disponibles en materia de vivienda y agenda urbana a las que la comunidad de propietarios pueda concurrir, quedando esta obligada a solicitarlas.

• Subvenciones iguales o superiores al 70 %: cuando las ayudas públicas efectivamente concedidas alcancen al menos el 70 % del importe de las obras y actuaciones instadas, su ejecución será obligatoria, sin que resulten aplicables los límites económicos anteriores.

• Asunción del exceso de coste: aunque las ayudas no alcancen el 70 % o se superen los límites económicos establecidos, las obras seguirán siendo obligatorias si quienes las solicitan asumen el exceso correspondiente.

La Ley también contempla que, cuando la comunidad no ejecute las obras pese a concurrir las condiciones de obligatoriedad, el interesado pueda acudir a la autoridad judicial competente para exigir su realización.

2. Financiación pública de las obras de accesibilidad

Se incorpora una nueva disposición adicional tercera a la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal que establece que las Administraciones públicas deberán habilitar en sus presupuestos créditos suficientes para financiar programas de ayudas y subvenciones destinados a mejorar la accesibilidad universal en edificios de viviendas.

3. Otras novedades con incidencia en la edificación

• Accesibilidad universal (artículo 2.k del RDL 1/2013): se amplía su definición; se mantiene el principio de que los entornos deben ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de seguridad y comodidad y se incorporan expresamente la accesibilidad cognitiva, mediante lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos, así como la accesibilidad auditiva, a la información y la comunicación.

• Reserva de viviendas accesibles (artículo 32 del RDL 1/2013): se establece una reserva mínima del 4 % de viviendas accesibles en proyectos de vivienda protegida, extendiéndose también a otros proyectos de viviendas construidos, promovidos o subvencionados por las Administraciones públicas. Las Administraciones competentes mantienen la potestad de incrementar este porcentaje mínimo según las necesidades específicas de su territorio.

• Infraestructuras de transporte (artículo 27.3 del RDL 1/2013): se exige disponer de aseos adaptados para personas con ostomía en estaciones de autobuses, estaciones ferroviarias, aeropuertos, puertos y demás instalaciones de transporte de uso público, en las obras de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad, a partir de la entrada en vigor de la Ley.

• Patrimonio histórico (disposición adicional duodécima de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español): se establece la accesibilidad universal de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y de los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles. La Administración competente formulará periódicamente Planes de Gestión de Accesibilidad Universal para garantizar progresivamente el acceso, la utilización y el disfrute de estos bienes hasta el máximo grado posible, sin perjuicio de las restricciones que, por razones de conservación, puedan establecerse.